Antecedentes.-
Para comprender los impactos que la nueva regulación de la Junta de Política Monetaria y Financiera (JPMF) pueden causar sobre las empresas dedicadas a los servicios de asistencia que se comercializan a través de los canales financieros (Bancos), es necesario entender las competencias y el alcance regulatorio que la ley otorga a esta entidad de gobierno financiero.
Tenemos, entonces, que el artículo 14 del Código Monetario y Financiero (COMF) establece como facultades de la JPMF, la regulación de las entidades financieras y de los cobros por servicios financieros y no financieros. Que en concordancia con el artículo 248 del señalado Código prohíbe a las entidades financieras realizar cobros por terceros por actividades no financieras, sino cumplen con la regulación de la Junta de Política Monetaria y Financiera o no cuentan con la aceptación previa y expresa del usuario.
Dejando así expeditas las vías legales para realizar estos cobros por servicios no financieros, siempre y cuando se respeten los derechos de los consumidores financieros, recogidos en el COMF entre sus artículos 152 al 156, entre los que se destacan: el derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características; el derecho a que los cargos que se impongan por servicios no financieros se efectúen luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados; que el respeto de los derechos de los clientes y usuarios financieros será vigilado y protegido por los organismos de control; y, que el respeto de los derechos de los clientes será vigilado y protegido por los organismos de control.
Esta facultad de gobierno sumada a esta misión institucional de protección de los derechos de los usuarios financieros, se han visto exacerbadas cuando varios escándalos de cobros indebidos, efectuados por inescrupulosas empresas sin un giro real de servicios, han sido realizados a través de las instituciones financieras nacionales. Evidenciando falencias que han pretendido ser paliadas por la Junta de Política Financiera y Monetaria con la emisión de la Resolución 463-2018-F, del 26 de octubre de 2018 para regular los servicios no financieros prestados por entidades financieras y los cobros a favor de terceros que presenten servicios no financieros.
Normativa que en su aplicación genera varios contingentes para las empresas que se dedican a la prestación de servicios de asistencia comercializados a través de los canales financieros.
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