Análisis de: Gabriela Coronel Loayza
Ecuador antes de la pandemia, se encontraba marcado por la existencia de brechas sociales producidas por la pobreza, que puede evidenciarse en la falta de salud, alimentación, vivienda, saneamiento, informalidad laboral e ingresos precarios, la presencia de violencia generalizada y la corrupción. En el ámbito económico, la caída del precio del barril de petróleo y las protestas del mes de Octubre afectaron a la economía del sector público y privado impidiendo al Estado realizar ajustes necesarios para reducir el déficit fiscal existente. Si a todo esto se suma el escenario dentro del cual se desenvuelve hoy el Ecuador debido a la emergencia sanitaria global desatada por la pandemia del COVID-19, que está afectando a la salud pública y la economía mundial de forma catastrófica, es necesario preguntarse desde un punto de vista jurídico-sociológico: ¿La realidad supera a la legalidad?. El presente ensayo buscará dar respuesta a esta pregunta estableciendo 3 puntos de análisis 1. Salud Pública 2. Derechos Económicos Sociales y Culturales 3. Creación de una comisión especial legislativa para tratar las implicaciones del COVID-19 en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
El derecho es dinámico, cambia y avanza según las necesidades de la sociedad, por lo tanto, no se puede desconocer la existencia de una necesidad de cambio normativo que vaya a la par con la realidad social.
Se deberá tener en cuenta los siguientes puntos claves: La Comisión de Derechos Humanos en su resolución 01/20 señala una serie de directrices para los estados miembros de la Organización, las cuales deben ser empleadas de manera urgente como política pública e influir en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La primera de ellas es la existencia de un sistema de salud pública de calidad; que se encuentre en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional, las recomendaciones de la OMS y OPS. Para lograr esto, la disposición de recursos mínimos deberán ser destinados a enfrentar situaciones de emergencia sanitaria mediante medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa que aumente el presupuesto público garantizando el acceso a el derecho a la salud universal, con la finalidad de evitar en un futuro el desbordamiento del sistema de salud pública que se ha podido evidenciar actualmente en el país. En segundo lugar, es imperante la necesidad de la plena realización y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales tales como el acceso universal a Internet, transparencia en el acceso a la información pública, mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia, la no suspensión de garantías jurisdiccionales y la organización del aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el ejercicio pleno de derechos. Dentro del ámbito laboral, es necesario un cambio en la manera a la que se entiende el trabajo, señalando la posibilidad de una existencia de arreglos- acuerdos laborales entre el empleador y trabajador, políticas de teletrabajo, ajustes en las estructuras de las organizaciones de las empresas y motivación a las mismas. Por último, si bien cada sector posee una normativa especializada, su característica en común es que la Asamblea como órgano legislador posee una función de control normativo, por lo que es necesaria la creación de una comisión especial que trate únicamente las implicaciones del COVID-19 en la legislación, acogiendo todos los campos (civil , mercantil, laboral, societario, sanitario, tributario, penal) la finalidad de dicha comisión deberá ser el precautelar que las medidas que se tomen a raíz de la crisis sanitaria no acentúen las desigualdades sociales ya existentes, que el sistema económico se encuentre al servicio de derechos humanos fundamentales y procurar el aprendizaje y crecimiento de la sociedad para evitar crisis venideras.
En conclusión, en Ecuador la realidad superó a la legalidad. Ante el desafío a la política pública actual debido a la situación económica desfavorable ya existente al inicio de la crisis sanitaria la cual puede y debe ser vista como una oportunidad para la creación de políticas públicas y normas que reconozcan la dignidad humana sobre el interés económico y la necesidad de un derecho dinámico, que se ajuste a la realidad social.
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