UN ACERCAMIENTO A LA EFICIENCIA REGULATORIA.

En la última década, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo establecían que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se desarrollarían de la mano de políticas de producción. En este contexto, Ecuador ha experimentado un crecimiento considerable en su aparato estatal referente a la regulación sobre constitución, funcionamiento y cierre de empresas, con el consecuente aumento exponencial de normativa secundaria, emitida por cada ente burocrático que asumió competencias en la materia.

Actualmente, quienes deseen producir mediante una empresa, a más de atenerse a lo establecido en la Ley de Compañías, el Código de Comercio, el Código Civil, deberá transitar por instituciones de servicio público, nacionales y locales, como: Notarías, Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías, SRI, SENAE, IESS, Oficina de Historial Laboral, MDT, MSP-ACESS-ARCSA, UAFE, GAD Municipal, Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones dependiendo del giro de negocio. A esto se suman los reportes mensuales, anuales y eventuales que se deben generar y remitir a la mayoría de estas instituciones bajo la amenaza de multas, recargos e intereses por la falta o retraso en su cumplimiento.

Interesa entonces entender si el total de estos controles y regulaciones han logrado el objetivo propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, de dinamizar a las MIPYMES. Para lo cual acudiremos al Reporte de Competitividad Global de 2015-2016[1], donde encontramos que para el Ecuador los principales obstáculos o factores problemáticos a la hora de realizar negocios son: las regulaciones laborales restrictivas, las tasas impositivas, las regulaciones tributarias complejas y la burocracia ineficiente, factores de singular complejidad para el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES. Estos obstáculos se corresponden perfectamente con las excesivas regulaciones, que si bien pretenden asegurar un proceso eficiente, en su aplicación dificultan el mismo, pues se contraponen con su principal objetivo de desarrollar y promover el crecimientos productivo de éstas empresas.

Encontramos que la causa de esta perjudicial contradicción, entre los objetivos de los entes reguladores y los intereses de producción de las MIPYMES, está en la fuerte correlación existentes entre el marco regulatorio y los incentivos a la producción. Para generar incentivos positivos, la normativa emitida debe garantizar que los costos de transacción en las negociaciones, el registro y la certeza en la información, la seguridad jurídica y el tiempo en el cumplimiento de las regulaciones, deban ser lo más bajos posibles para generar eficiencia en la gestión regulatoria de la empresa. Con una organización adecuada se debe construir una esfera de bajos costos de transacción con su consecuente estímulo al establecimiento, crecimiento y desarrollo de las MIPYMES. Esto resulta contrario a lo vivido actualmente, donde existe un marco regulatorio que encarece, a través de multas y dispendio de tiempo, el manejo empresarial y el costo de iniciar y mantenerse en la producción.

Concluimos que el crecimiento del aparato institucional y la híper regulación no necesariamente desembocan en una mejorade la eficiencia en los procesos productivos que incentiven a invertir en el establecimiento y operación de MIPYMES. Los costos de transacción, en los que los obligan a incurrir a cada empresa, son  superiores a los socialmente óptimos para garantizar eficiencia en su gestión regulatoria. Esto ha generado un resultado ineficiente en la aplicación de la política pública para el desarrollo de las MIPYMES.

Consecuentemente, se vislumbra la apremiante necesidad de disminuir entes burocráticos y normativa secundarias para crear un marco regulatorio que reduzca los costos de transacción para las MIPYMES y garantice su eficiencia en un entorno regulatorio que responda a las necesidades del sector. De este modo se podrá allanar el camino para la producción con mayores niveles de productividad y competitividad.

Andrés López Valencia
Socio Cevallos & Noboa

 

[1] World Economic Forum; Global Competitiveness Report 2015-2016; edición 1 de septiembre de 2015; www.weforum.org/gcr